Indicios del ADN de la corrupciónLa revelación del contenido de los correos de uno de los asesores de Ricardo Jaime podría permitir la reconstrucción del ADN de las prácticas corruptas desarrolladas en los últimos años en el país.
En 2000, los videos filmados por Vladimiro Montesinos, jefe virtual de Inteligencia del gobierno de Alberto Fujimori, permitieron a la sociedad peruana identificar redes de corrupción y asistir azorada al descubrimiento de los involucrados que hasta ese momento permanecían en la impostura. Estos mails podrían producir efectos similares.
Pese al deseo de las defensas, su contenido debería poder ser usado como prueba, puesto que fueron obtenidos en el marco de procesos judiciales regulares. Además, pueden confrontarse y empalmarse con otras pruebas que acrediten y corroboren de manera independiente lo que de ellos se desprende.
La responsabilidad penal por las conductas criminales no se limita al usuario del CPU en el que se hallaron los mails.
Todos aquellos que hayan intervenido en la gestión del pago de sobornos o en acordar las modalidades y la ejecución de maniobras fraudulentas en perjuicio del Estado deben responder por su participación en los tipos penales de concusión, cohecho y fraude.
La intervención de sociedades y gestores para facilitar estos negocios espurios es una práctica habitual para facilitar el pago disimulado de comisiones y para dificultar los controles que se aplican a ese tipo de operaciones. Los que desde que este episodio salió a la luz han sido calificados de lobbistas son, en realidad, vulgares coimeros, intermediarios gestores del pago de sobornos y de la concreción de fraudes.
La actividad de gestión de intereses desarrollada por particulares es una actividad legal y favorecedora de la actividad económica, en la medida en que no involucre prácticas delictivas como la promoción o el encubrimiento del pago de sobornos, el abuso de una situación de poder o el fraude.
Para garantizar la transparencia en las contrataciones estatales, es necesario regular la actividad del lobby y revertir la languidez de los órganos de control. Los gravísimos hechos que ahora se conocen explican las razones de esa parálisis y de la falta de interés en regular y controlar tales actividades.
Resta saber si la respuesta de la Justicia a los correos de Jaime será semejante a las condenas que en Perú se dictaron a partir de los "vladivideos" o si, una vez más, los escandalosos hallazgos terminarán coronados con la impunidad.
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